Jilotzingo, Mex., a 22 de abril de 2026. — Lo que comenzó como el reporte de un asalto violento a un tractocamión terminó por destapar un presunto entramado de corrupción dentro de la propia policía municipal. Diez hombres fueron detenidos en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales; seis de ellos, en activo dentro de la corporación de Jilotzingo, incluido su comisario.
De acuerdo con el parte oficial, el robo fue alertado a través del 9-1-1 tras un ataque ocurrido en Santa María Mazatla, donde los agresores interceptaron al operador de un tractocamión, lo obligaron a descender de la unidad y realizaron disparos contra la custodia. La rápida movilización activó el llamado Operativo Argos, desplegado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
La escena que encontraron las autoridades resultó reveladora: sobre la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, cinco policías municipales manipulaban la carga robada. Dos de ellos se encontraban dentro de la caja del tractocamión, descargando neumáticos, mientras otros tres los trasladaban a una camioneta.
A pocos metros, otra unidad oficial resguardaba la zona con cuatro hombres más, quienes intentaron evadir a los agentes, aunque finalmente accedieron a una inspección. En su poder fueron localizadas armas de fuego —cuatro cortas calibre 9 mm y un fusil calibre 5.56—, así como cargadores y cartuchos, presuntamente asignados a los propios elementos municipales.
El caso escaló aún más cuando, según el informe, arribó al sitio el Director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del municipio, identificado como Víctor “N”. De acuerdo con los reportes, el funcionario habría intentado intervenir para “arreglar” la situación y evitar la detención de los implicados, incluso ofreciendo dinero en efectivo, lo que derivó en su captura inmediata.
En total, las autoridades aseguraron dos patrullas oficiales, un vehículo particular, armamento, equipo táctico, teléfonos celulares y la mercancía robada.
Los diez detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, con sede en Atizapán de Zaragoza, donde se definirá su situación jurídica.
Este golpe ocurre en el marco de la llamada Operación Enjambre, una estrategia iniciada en noviembre de 2024 para investigar posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos. El caso de Jilotzingo, por la implicación directa de mandos y elementos activos, pone nuevamente bajo la lupa a las corporaciones locales encargadas de la seguridad, en un delito que continúa siendo uno de los más lucrativos y violentos en el país.
