Ciudad de México, a 28 de abril de 2026.— Lo que comenzó como una revelación administrativa terminó por convertirse en un escándalo político de alto voltaje: permisos para casinos otorgados en la recta final del sexenio pasado hoy conectan, aunque sea por rutas indirectas, con uno de los personajes más oscuros del aparato de seguridad en México: Hernán Bermúdez Requena.
En el centro de la polémica también aparece Luisa María Alcalde, quien encabezaba la Secretaría de Gobernación cuando se autorizaron cerca de 20 permisos para operar casinos en 2024, una decisión que hoy levanta sospechas, cuestionamientos… y costos políticos.
La historia gira en torno a una empresa: Operadora Clíe, beneficiada con un paquete de permisos que, por sí solo, ya resulta inusual. Pero el verdadero problema no es la cantidad… sino las conexiones.
Investigaciones periodísticas apuntan a que uno de sus socios compartió operaciones empresariales con negocios vinculados a la familia Bermúdez Requena. No es una relación directa, pero sí lo suficientemente cercana como para encender todas las alarmas.
Porque en México, los casinos no son cualquier negocio: son una industria históricamente señalada por su vulnerabilidad al lavado de dinero.
El nombre de Bermúdez no es menor. Exsecretario de Seguridad en Tabasco y cercano al círculo de poder de Adán Augusto López Hernández, hoy enfrenta acusaciones por desaparición forzada, secuestro y delincuencia organizada. Informes lo ubican incluso como presunto líder de “La Barredora”, una célula criminal vinculada al CJNG.
En círculos de inteligencia, se le conoce como el “Comandante H”: un funcionario que, según diversas versiones, habría operado simultáneamente dentro del gobierno… y en las sombras del crimen.
Ante el vendaval, Alcalde ha sido tajante: Negó cualquier vínculo con Bermúdez, aunque existen fotos de ellos juntos; aseguró que los permisos no fueron discrecionales, sino resultado de resoluciones judiciales, aunque el gobierno de AMLO prometió que no habría permisos; y sostuvo que varios de esos casinos ni siquiera están en operación, reconociendo la existencia de estas redes ligadas a Requena.
La explicación legal no ha logrado apagar el incendio político.
El escándalo golpea además una de las banderas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: no autorizar nuevos casinos. Sin embargo, los permisos sí se otorgaron, en los últimos días de su gobierno.
Y peor aún: terminaron, directa o indirectamente, en una red empresarial que roza a un personaje hoy perseguido por la justicia.
El caso no solo exhibe posibles fallas administrativas. Abre una pregunta mucho más inquietante:¿Hasta dónde llegaron las redes de poder que mezclaron seguridad, negocios y crimen durante el sexenio pasado, ligadas a algunos de los nombres más poderosos de México?
