Xalapa, Ver., a 28 de abril de 2026.— A catorce años del asesinato de la periodista Regina Martínez, el caso permanece como uno de los símbolos más contundentes de la violencia contra la prensa en México y de las fallas estructurales en la procuración de justicia.
Corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Martínez construyó una trayectoria enfocada en investigar corrupción política, abusos de poder y presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Su trabajo, incómodo para distintos actores del poder local, la colocó en una situación de riesgo en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo.
El 28 de abril de 2012, la periodista fue encontrada sin vida en su domicilio en Xalapa, con signos de violencia. Desde un inicio, el caso generó indignación nacional e internacional. La entonces administración estatal, encabezada por Javier Duarte, sostuvo como línea principal de investigación que se trató de un robo, señalando a un presunto responsable que fue detenido y posteriormente condenado.
Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada. Colegas de la periodista, la propia revista Proceso y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19, han insistido durante años en que la investigación fue deficiente, apresurada y omisa en explorar una posible relación entre el crimen y la labor periodística de Martínez.
Para estas organizaciones, el caso no solo carece de verdad plena, sino que refleja un patrón recurrente: investigaciones que descartan de forma prematura la línea vinculada al ejercicio periodístico, en un contexto donde los comunicadores enfrentan amenazas constantes.
Veracruz, escenario del crimen, ha sido identificado de manera reiterada como uno de los estados con mayor riesgo para periodistas, particularmente durante el periodo en que Martínez desarrolló su trabajo. En ese entorno, su asesinato marcó un punto de inflexión y encendió alertas sobre la vulnerabilidad del gremio.
A más de una década, el expediente sigue generando dudas. La exigencia de justicia no ha disminuido. Cada aniversario, organizaciones y periodistas retoman el caso no solo como memoria, sino como denuncia: la de un sistema que, en casos clave, no ha logrado garantizar verdad ni castigo.
El nombre de Regina Martínez se mantiene así como un recordatorio persistente de los riesgos de informar en México y de una deuda que el Estado aún no salda.
