Puebla, Pue., a 10 de febrero de 2026.- Lo que comenzó como un brutal secuestro atribuido al crimen organizado terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos de presunta corrupción institucional en el país: los supuestos captores no serían narcos, sino elementos de la Guardia Nacional… y hoy están absueltos.
Luis Santiago Barrueta relató que fue privado de la libertad por hombres armados que se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigieron 50 mil dólares para no matarlo. Golpes, amenazas y armas largas formaron parte del terror vivido.
Sin embargo, la historia dio un giro aún más inquietante.
De “narcos” a agentes del Estado
De acuerdo con el testimonio de la víctima y con actos de investigación de la Fiscalía de Puebla, los presuntos secuestradores no pertenecían a ningún cártel, sino que serían un elemento activo de la Guardia Nacional y un exmilitar, quienes habrían usado armas, vehículos y credenciales oficiales.
Las investigaciones señalan que los implicados salieron desde Texcoco, cruzaron Hidalgo y Tlaxcala, y llegaron hasta San Martín Texmelucan, Puebla, donde se cometió el crimen.
Cámaras de vigilancia captaron la ruta: un Jetta escoltado por patrullas, una escena que hoy genera más preguntas que respuestas.
Detenidos… pero libres
Pese a que los presuntos responsables fueron detenidos en flagrancia, con víctimas sometidas, armas y testimonios en su contra, un juez decidió absolverlos del delito de secuestro agravado.
La resolución judicial desató la indignación de las víctimas y sus familias, quienes acusan que el juzgador desestimó pruebas clave, incluidos testimonios de vecinos, policías municipales e incluso mandos de la propia Guardia Nacional.
Tras la absolución, la familia Barrueta denunció amenazas e intimidaciones, y advirtió que el fallo judicial envía un mensaje de impunidad, especialmente grave cuando los señalados pertenecen —o pertenecieron— a fuerzas de seguridad del Estado.
El caso ya escaló a instancias administrativas: se anunciaron denuncias contra el juez, así como la intención de apelar la resolución y llevar el expediente ante órganos de control judicial y anticorrupción.
Por ahora, las víctimas siguen exigiendo justicia, y el caso se ha convertido en un símbolo de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de protegerlas.
