Ciudad de México, a 15 de mayo de 2026.- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de Estados Unidos y quedó bajo custodia federal en Nueva York, en un caso que amenaza con ampliar la crisis política y judicial que rodea a exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.
La confirmación del caso fue realizada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, luego de recibir una notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre el ingreso del exfuncionario a territorio norteamericano y su situación jurídica.
Díaz Vega, de 50 años, encabezó el manejo financiero del gobierno estatal y ahora enfrenta una acusación federal presentada en Nueva York, donde es señalado por presuntamente colaborar con la estructura criminal de la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, la Fiscalía estadounidense lo investiga por delitos graves relacionados con narcotráfico y armamento. Entre los cargos figuran conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. En caso de una sentencia condenatoria, las penas podrían ir desde décadas en prisión hasta cadena perpetua.
Versiones preliminares indican que el exfuncionario habría permanecido en Europa antes de concretar su entrega voluntaria a autoridades estadounidenses. Una vez en Nueva York fue puesto a disposición de fiscales federales del Distrito Sur, instancia que lleva investigaciones consideradas de alto impacto contra presuntas redes de protección política al narcotráfico.
Su caso surge apenas horas después de darse a conocer la entrega del exsecretario de Seguridad sinaloense Gerardo Mérida Sánchez, en una secuencia que analistas consideran una ofensiva coordinada para reconstruir posibles vínculos entre funcionarios públicos y estructuras criminales.
La investigación estadounidense sostiene la hipótesis de una red que habría operado durante años ofreciendo presunta protección institucional a cambio de beneficios económicos y respaldo político. La carpeta, según diversos reportes, también alcanzaría a actores políticos, mandos policiales y funcionarios locales.
La entrega de Díaz Vega representa además un nuevo foco de presión para el entorno político de Sinaloa. Aunque Rubén Rocha Moya ha rechazado públicamente cualquier relación con actividades ilícitas, el avance de las investigaciones mantiene bajo escrutinio a figuras cercanas a su administración.
El caso abre un nuevo capítulo en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos y podría tener repercusiones políticas de gran alcance, en medio del endurecimiento de las investigaciones contra presuntas estructuras de apoyo institucional al narcotráfico.
