Culiacán, Sinaloa, 30 de abril del 2026.- La acusación presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, detalla un presunto esquema sistemático de sobornos pagados por la facción de “Los Chapitos” a funcionarios de distintos niveles en Culiacán.
De acuerdo con el documento, el jefe de plaza del grupo criminal recibía cada mes una caja con grandes cantidades de dinero en efectivo, acompañada de una lista donde se especificaban los nombres de funcionarios públicos y los montos que debían recibir como pago por su colaboración.
Entre los señalados se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; así como mandos y exmandos de corporaciones policiales estatales y municipales.
La acusación indica que Gámez Mendívil presuntamente recibía hasta 300 mil pesos mensuales —la cantidad más alta— a cambio de permitir la operación del grupo criminal sin interferencias, proteger sus actividades de tráfico de drogas y evitar detenciones.
En el caso de Gerardo Mérida Sánchez, se señala que habría recibido pagos de hasta 100 mil dólares mensuales y que incluso alertó anticipadamente sobre al menos diez operativos contra laboratorios de drogas, lo que permitió a los integrantes del cártel evacuar personal y sustancias antes de las incursiones.
El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, identificado con el alias “Culiacán Regio”, presuntamente recibía 200 mil pesos al mes a cambio de proporcionar información sobre operativos, incluyendo aquellos coordinados con autoridades estadounidenses, lo que facilitaba la destrucción o traslado de evidencias.
También se menciona a Marco Antonio Almanza Avilés y a Jorge Contreras Núñez, exdirectores de la Policía Investigadora, quienes bajo el alias “R1” habrían recibido 300 mil pesos mensuales.
Según la acusación, uno de ellos habría emitido órdenes de detención contra rivales del grupo criminal y permitido el tránsito de precursores químicos para la producción de fentanilo, mientras que el otro habría ordenado liberar a integrantes detenidos.
Asimismo, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, presuntamente recibía 100 mil pesos mensuales y facilitaba la operación del grupo dentro de la Policía Estatal; mientras que Juan Valenzuela Millán, identificado como “Juanito”, obtenía 30 mil pesos mensuales y habría puesto recursos de la Policía Municipal al servicio del cártel, incluyendo apoyo en actividades como secuestros y agresiones contra rivales.
Estas acusaciones forman parte de una investigación más amplia de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico.
