Toluca, Mex., a 24 de abril de 2026.— La cifra es brutal: mil 146 años de prisión acumulados contra 20 personas. Pero detrás del número, la llamada Operación “Enjambre” no revela únicamente un golpe contra la delincuencia; exhibe algo más inquietante: una red de poder donde autoridades municipales y mandos de seguridad no combatían al crimen… lo integraban.
El origen del caso no es menor. Todo comienza con el hallazgo de restos humanos en pozos clandestinos en Nicolás Romero. Lo que parecía otro episodio de violencia en el Estado de México terminó por destapar una estructura mucho más profunda: policías, comisarios y funcionarios públicos señalados como responsables directos de secuestros, homicidios y desapariciones.
La investigación, impulsada por la Fiscalía estatal con apoyo del gabinete de seguridad federal, no tardó en escalar. Lo que emergió fue un patrón sistemático:
servidores públicos utilizando el poder del Estado para delinquir.
Entre los sentenciados no hay figuras menores. Aparecen ex presidentes municipales, comisarios de seguridad, directores policiales y elementos operativos.
Todos vinculados a delitos de alto impacto. No se trata de corrupción administrativa ni de excesos aislados. Se trata de autoridades convertidas en engranajes del crimen organizado.
Uno de los casos más simbólicos es el de una ex alcaldesa condenada a 70 años por homicidio. Otro, el de un ex comisario sentenciado a 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión. A ellos se suman policías municipales condenados por homicidio calificado y desaparición forzada.
La constante es clara: quienes debían garantizar seguridad, operaban como parte de la amenaza.
La Operación “Enjambre” se presenta oficialmente como una estrategia para desarticular organizaciones criminales con respaldo institucional. Y sí, hay resultados judiciales contundentes. Pero el fondo del asunto abre preguntas incómodas.
¿Cómo se consolidó una red de este tamaño sin ser detectada durante años?
¿Cuántas víctimas quedaron atrapadas en un sistema donde denunciar significaba acudir con los mismos responsables? ¿Y cuántos funcionarios más siguen operando bajo sospecha?
Porque si algo deja ver este caso es que el problema no era periférico. La infiltración no ocurrió en los márgenes del Estado, sino en su núcleo operativo.
El mensaje institucional apunta a una depuración en marcha. Sin embargo, también confirma un diagnóstico alarmante: el crimen no solo desafía al Estado… puede llegar a administrarlo.
Mientras las sentencias avanzan y los expedientes se acumulan, la herida de fondo permanece abierta. La confianza pública, erosionada por años de violencia y complicidad, difícilmente se restablece con cifras, por impactantes que sean.
La Operación “Enjambre” marca un precedente. Pero también deja una advertencia:
cuando la ley es aplicada por quienes la violan, la línea entre autoridad y crimen deja de existir.
