Culiacán, Sin., a 29 de abril de 2026.— La acusación es directa y de alto calibre: conspiración para traficar fentanilo, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos; recepción de sobornos millonarios; y uso del aparato del Estado para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa.
En el centro del señalamiento está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien fiscales estadounidenses ubican como el vértice de una presunta red de protección institucional. La acusación sostiene que, lejos de combatir al crimen, su administración habría facilitado el flujo de droga hacia territorio estadounidense y garantizado condiciones de operación para el grupo criminal.
El expediente no se queda en la figura del gobernador. Señala, con nombre y cargo, a quienes habrían sostenido esa estructura desde distintas áreas del poder.
El exsecretario de Gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cázarez, es ubicado como un engranaje clave en la toma de decisiones. Según la acusación, su papel habría sido asegurar el blindaje político y jurídico que permitiera que los acuerdos ilegales se mantuvieran fuera del alcance institucional.
En la capital del estado, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aparece señalado por la presunta facilitación territorial. La narrativa de los fiscales apunta a una permisividad deliberada que habría permitido al cártel operar en Culiacán sin presión real de las autoridades municipales.
El componente financiero también está bajo la lupa. El exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, es señalado por su presunta participación en el manejo de recursos ilícitos y posibles esquemas de triangulación de dinero, un punto que, de confirmarse, conectaría directamente al aparato estatal con el flujo económico del narcotráfico.
En el sistema de justicia, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra enfrenta acusaciones por presuntamente obstaculizar investigaciones y proteger a operadores criminales, un señalamiento que apunta a la manipulación del propio mecanismo encargado de perseguir delitos.
La estructura se completa en el terreno operativo. El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, junto con mandos policiales como Marco Antonio Almanza Gastélum, Alberto Contreras, José Antonio Hipólito y Juan Valenzuela, son señalados por presuntamente filtrar información, evitar operativos y garantizar protección directa a células delictivas.
El cuadro que plantea la fiscalía estadounidense es claro: no se trata de actos aislados, sino de una presunta estructura donde política, seguridad, finanzas y justicia habrían operado en sincronía.
Aun así, el caso se encuentra en una fase crítica. Las acusaciones ya fueron formalizadas ante un gran jurado, pero las pruebas —testimonios, intercepciones y documentos financieros— no han sido expuestas públicamente. Esa será la etapa que determine si este expediente se convierte en uno de los mayores casos de narcopolítica en México o en un choque diplomático de alto nivel sin consecuencias penales inmediatas.
Por ahora, lo que sí quedó claro es esto: Estados Unidos ya puso sobre la mesa nombres, cargos y una acusación que golpea directamente al corazón del poder en Sinaloa.
