Morelia, Michoacán, a 15 de mayo de 2026.- Este viernes se filtró en redes sociales un documento oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el que se confirma que el diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, fue citado para declarar para declarar como testigo ante la Unidad de Homicidio Doloso, por la investigación por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
De acuerdo con el oficio, la comparecencia fue programada para el sábado 16 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, como parte de la causa penal 220/2025 relacionada con el homicidio calificado del exedil uruapense, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas.
La citación, emitida el pasado 13 de mayo desde Morelia y firmada por el fiscal especializado Andrés Vieyra Castro, establece que el legislador deberá acudir “de manera libre y en calidad de testigo” dentro de la carpeta de investigación FRUR/02098/2025.
El documento también señala que, en caso de existir algún impedimento de fuerza mayor, el diputado podrá notificarlo para solicitar la reprogramación de la diligencia. Asimismo, se precisa que el llamado ministerial se sustenta en el artículo 21 de la Constitución Mexicana y en los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a cualquier ciudadano citado por el Ministerio Público a presentarse a declarar.
La comparecencia ocurre meses después de que la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, acudiera el 17 de febrero de 2026 ante el Ministerio Público para solicitar que se investigara a varios actores políticos, entre ellos el propio Leonel Godoy, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.
En un inicio, la presidenta municipal afirmó haber presentado una denuncia formal contra los tres morenistas; sin embargo, días después el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, aclaró que se trató únicamente de una solicitud de investigación respaldada por la entrega de 11 videos.
Según explicó el funcionario, la Fiscalía debía verificar primero la autenticidad del material y descartar que hubiera sido manipulado o generado mediante Inteligencia Artificial antes de considerar si existían elementos suficientes para llamar a declarar a los involucrados.
